Régimen de legalidad

Cuando finalice este año, y si la Ley no lo impide, 20 etarras presos serán excarcelados y saldrán a la calle. En la mayoría de los casos, se trata de terroristas con penas elevadas, pero cuyas condenas fueron refundidas en una única de 30 años, y a los que fueron aplicados beneficios penitenciarios del Código de 1973. Es el caso del sanguinario Domingo Troitiño Arranz, miembro del comando Barcelona y uno de los autores del atentado de Hipercor de 1987, en el que murieron 21 personas. En el juicio que vino después fue condenado a 1.588 años de cárcel, pero en aplicación a la Ley, poco más de cuatro meses.

El revuelo que se ha levantado en torno al tema no tiene nada de original. El escándalo y el miedo son totalmente lícitos en tanto a todo ciudadano disgusta profundamente la levedad de las condenas aplicadas a terroristas con historiales espeluznantes de sangre y sufrimiento. No obstante, conviene avanzar con cautela en los cruces de acusaciones que se regalan desde las filas de los partidos, ya que el tema no se somete a decisiones políticas sino puramente legislativas.

En el año 1973 fue aprobado un Código Penal que fijaba el techo de las condenas en un máximo de 30 años de cárcel. Ya en los años ochenta, década en la que tuvieron lugar algunas de las acciones más sangrientas de ETA, los juristas apreciaron que la salida de los terroristas en prisión estaba mucho más próxima de lo deseable. A pesar de la apreciación, no se tomó cartas en el asunto y se procedió a modificar el texto hasta 1995, durante el último gobierno de Felipe González. El nuevo Código Penal rebajaba por un lado las penas máximas de 30 a 20 años, pero por otro eliminaba los beneficios penitenciarios y obligaba a cumplir las condenas íntegras. Esta modificación no alteró en nada las condiciones especiales de los presos cuya sentencia fue fallada según la norma anterior, ya que no se contempla la modificación con carácter retroactivo.
La última reforma tuvo lugar en el 2004. El ejecutivo de Aznar impulsó una reforma por el máximo cumplimiento de determinados delitos como el de terrorismo, para el que se aumentaba las condenas hasta los 40 años.

El Gobierno de Zapatero hace esfuerzos por evitar la inminencia de la puesta en circulación de varios de los terroristas más sanguinarios, caso de Troitiño y Henri Parot. En el frente político, denuncian la campaña de “manipulación, insidia e infamia del PP”, al que acusan de enfangarse sin escrúpulos en su propia miseria moral, y sacar beneficio electoral de la coyuntura. En el de Gobieno, se afanan en buscar aristas a cada caso, de modo que se puedan imputar a algunos etarras delitos cometidos durante su estancia en la cárcel, como en el caso de Parot, al que el juez Grande-Marlaska atribuye la intención de reincorporarse a la banda y conspirar en la comisión de nuevos delitos.

La estrategia de los socialistas no cuenta con todos los apoyos políticos y sociales, aun a pesar de que su única motivación es evitar la salida de los llamados históricos de ETA. El Gobierno vasco insiste en que el objetivo de la política penitenciaria debe ser la reinserción de los presos y no el castigo. Por su parte, el PP acusa al Gobierno de no tener un programa de lucha contra el terrorismo claro, que no contemple el diálogo y las concesiones a la banda. Los socialistas responden que se están ciñendo a la legalidad, y recuerdan además que entre 1998 y 2004, durante el mandato del Partido Popular, 59 terroristas abandonaron los muros de sus celdas mucho antes del cumplimiento de sus condenas.

servido por mardefondo 4 comentarios compártelo